EL GRAN DESAFÍO: UNA JUSTICIA MÁS EFICIENTE.
Iniciamos el año con la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero de Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuya pretensión principal es la de solucionar el problema de colapso de los Juzgados y Tribunales, pues una justicia lenta no es justa.
Como novedades fundamentales de la ley, destacamos la nueva organización de los Juzgados de Primera Instancia que pasan a unificarse en un Tribunal de Instancia, dotado de una Oficina Judicial única. Evidentemente, la potestad jurisdiccional seguirá correspondiendo a los Jueces de forma individual.
La ley introduce un interesante concepto de “abuso del servicio de justicia” dirigido tanto a ciudadanos como a operadores jurídicos, y como medida para minimizarlo prevé un nuevo requisito procesal en el ámbito civil y mercantil que implica que, para que una demanda sea admitida, deberá acreditarse que se ha intentado un acuerdo extrajudicial, por cualquier Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC). Por ejemplo, mediación, conciliación, arbitraje, experto independiente o cualquier tipo de actividad negociadora.
Asimismo, se introducen algunas modificaciones en la normativa procesal que tratan de agilizar los procedimientos como las sentencias orales en los juicios verbales y en determinados casos.
En definitiva, con esta ley se pretende conseguir una justicia más eficiente, desde dentro por medio de una reorganización interna y a cargo de los funcionarios de justicia, y desde fuera, a cargo de los ciudadanos y operadores jurídicos que deberán agotar la vía amistosa evitando ese abuso del servicio.
Todo ello representa un gran desafío para todos, pero es una necesidad urgente para la salvaguarda del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
